El Gobierno echó a las familias por la fuerza en 2001 para dárselas a la compañía Neuman Kaffee Gruppe.

Carmen Pérez-Lanzac (El País).- Tras 10 largos años de pelea, un juez ugandés finalmente se ha pronunciado dando la razón a 400 familias campesinas a quienes echaron, pegaron y arrebataron sus tierras para cederlas a una multinacional alemana de café, Neuman Kaffee Gruppe. La empresa deberá devolver el terreno (2.500 hectáreas) e indemnizarles con 12 millones de euros. Peter Baleke Kayiira, profesor en la zona y uno de los denunciantes, se ríe al teléfono: “Estamos muy contentos, aunque todavía pueden recurrir”, dice Bakele, que viajó a Europa invitado por Veterinarios Sin Fronteras para denunciar y exponer el caso. “Tienen un mes, hasta finales de abril, para depositar el dinero en el tribunal. Aunque recurran, ahora sí estamos bastante seguros de que vamos a ganar”.

El caso se remonta al verano de 2001. El 18 de junio de ese año, un representante del Gobierno ugandés reunió a las familias (unas 2.000 personas de tres poblados) residentes en la región de Madudu (en Mubende, Uganda central) para anunciarles que el Gobierno había cedido sus tierras a una multinacional y debían abandonarlas. Sin compensación económica ni un sitio alternativo al que ir. Las familias se resistieron y el 18 de agosto el ejército intervino, quemando casas, cultivos y golpeando a los vecinos. Las familias huyeron al bosque, donde varios niños y ancianos fallecieron por las condiciones de vida que se vieron obligados a vivir. Días después del asalto, la multinacional se instaló en la zona y empezó a plantar café. Al año, los campesinos denunciaron el caso.

Tras dos lustros, la causa parecía abandonada. Hasta siete jueces llevaron el caso sin dictar justicia. Hasta que finalmente, hace dos semanas, el último magistrado ha dicho que la multinacional es culpable. El propio juez, en su resolución, habla del retraso: “Ha sido motivo de celebración que el juicio llegue a su fin tras 10 años, un récord que tendría que haber entrado en El Guinness”, escribe con cierta sorna. “Retrasar la justicia supone negarla y si los tribunales están para reducir el trabajo que se acumula tendrían que prepararse para resolver en poco tiempo. Este tema merece una buena reflexión”.

Respecto al Gobierno ugandés, el juez concluye que no hay pruebas que demuestren que enviara al ejército a golpear y echar a los campesinos y llega a la conclusión de que fueron por su cuenta. Sí condena a los responsables del Gobierno que gestionaron el caso, pues tenían que haber pagado y dado una tierra alternativa en la que vivir a los campesinos. “En esto estoy bastante de acuerdo con el juez”, dice Bakele.

La multinacional, que además vende el café en las redes de comercio justo, estaba disgustada con Bakele y con VSF Justicia Alimentaria Global, que trasladaron al ugandés a España el pasado mes de mayo, cuando lanzaron la campaña Paren, aquí vive gente, que denuncia el expolio de la soberanía alimentaria del África subsahariana. En menos de un año, señalan, diversos inversionistas han adquirido 42 millones de hectáreas de tierras fértiles en el mundo, el 75% en esta parte del continente, arrebatándoles los recursos naturales de los que obtienen su comida.

El caso ugandés es un buen ejemplo del problema que denuncian. Como dice Bakele: “En mi país, si no produces tu propio alimento, no tienes qué comer. El 80% es agricultura de subsistencia. ¿A quién beneficia que vengan las multinacionales a producir alimentos a precios que no podemos pagar? Desde luego, no a nosotros; nos roban la comida”, se indignaba durante una entrevista con EL PAÍS. Bakele está muy orgulloso de haber animado a sus vecinos a denunciar. “No soy el más ilustrado, pero sí el más audaz y conozco las leyes”, decía en la entrevista.